PANAMA AMERICA - La presunta evasión de impuesto catastral no es la única irregularidad que acostumbran algunas altas personalidades y figuras políticas a través de la desactualización de sus propiedades ante el Registro Público y la Autoridad Nacional de Tierras (Anati). Sin embargo, en sus declaraciones de bienes -refrendadas por notarios o en trámites bancarios- quedan al descubierto los altos montos que les asignan a sus propiedades, los cuales difieren con los reportes existentes que se usan para pagar impuestos.
El valor registrado de la finca de Solís es de 400 dólares.
El aspirante presidencial por la vía independiente Gerardo Solís aparece como una de las figuras que prefiere resguardarse en el silencio para evitar la actualización de bienes ante el Registro Público y pagar los tributos en base a su valor real de mercado. A finales de noviembre de 2012, Solís -bajo juramento- declaró ante la Notaría Décima que su propiedad, de una hectárea en la que se construyó una lujosa mansión de playa, está valorada en 2.5 millones de dólares.
La declaración notariada, que se registró en la escritura 32100, difiere del valor catastral que aún aparece en el Registro Público. En 2005, cuando Solís hizo la actualización de los linderos y límites del terreno ubicado en Costa Esmeralda, en San Carlos, el valor que se le asignó a la propiedad fue de 400 dólares, a razón de 0.05 centavos el metro cuadrado. Dicho precio se mantiene actualmente en el Registro Público, a pesar de que en 2012 testificó que su propiedad rebasó los dos millones de dólares.
El valor catastral que tiene la propiedad del exmagistrado del Tribunal Electoral de 400 dólares es irrisorio de acuerdo con expertos en el tema.
Según asesores de inversión de la Asociación Panameña de Promotores y Corredores de Bienes Raíces (Acobir), el costo promedio del metro cuadrado en residencias con vista al mar, que es el caso de Solís, va de 150 a 950 dólares. En algunos sitios, si la propiedad se encuentra dentro de un complejo residencial o turístico, el metro cuadrado puede rebasar ese costo.
Al ser consultado sobre el tema, el aspirante a la silla presidencial por la libre se limitó a responder “Gracias...”. Se intentó conocer las razones por las que mantiene su propiedad con un valor catastral desactualizado, pero insistió en responder con la misma expresión.
Para los asesores de inversión de Acobir, las propiedades que se adquirieron 10 años atrás superaron en doble y triple el valor comercial del terreno por el boon inmobiliario al que está sujeto el área de playas.
Las consideraciones del experto surgen luego de conocer que la finca 19953, propiedad de Solís, dispone de peculiares linderos como río y mar. Al Norte, según información que aparece en el Registro Público actualizada en 2005, la finca tiene como límite el río Corona, al Sur, el océano Pacífico; al Este, camino público; al Oeste, el terreno limita también con el río Corona.
Bajo la visión de un asesor comercial de Acobir, se trata de una ubicación de altos costos comerciales.
“Disponer de una hectárea de terreno a un costo de 400 es impensable”, aseguró la fuente. Para aclarar la visión comercial que se maneja en el mercado inmobiliario, la fuente explicó que los terrenos que van de la vía Interamericana hacia la playa se ofertan a un valor superior por metro cuadrado que oscila entre 50 y 70 dólares, y hasta más si se aproxima a la playa. El costo por metro varía, si se trata de la Interamericana hacia las afueras, sin vista al mar. Aún así, dice la fuente, el costo promedio es de 35 a 50 dólares el metro cuadrado.
“Hay que entender que los precios se han disparado y seguirán en aumento porque el desarrollo turístico, de hotelería, no se detiene, y la más reciente inauguración del aeropuerto paranacional de Río Hato hará que los terrenos solo sean accesibles para los millonarios”.
Es “casi normal” que a pesar de lo anterior los pudientes de este país mantengan sus registros catastrales sin actualizar para obviar procedimientos, concluye la fuente.
Dicho planteamiento es avalado por el experto en temas jurídicos Ernesto Cedeño. “No es obligación que las personas hagan avalúos periódicos. Pero según el Código Fiscal se realizan de forma voluntaria a solicitud del propietario o a petición del Estado a través del MEF”, contó.
Sin embargo, dice Cedeño, la persona está obligada a que en caso de rendir una declaración jurada se haga en estricto apego a la verdad, porque de lo contrario "estaría sujeta a un proceso por falso juramento".
Hábitos
La declaración jurada de Solís, del 28 de noviembre de 2012, deja al descubierto, según el Código Fiscal, una presunta evasión al fisco por el pago justo de los tributos, pero no sería el único político que está incurriendo en estos hechos.
Las propiedades del aspirante presidencial Juan Carlos Varela son otro de los casos que causan suspicacias, al identificarse que en los reportes de la Anati a dichos terrenos, en donde se ubica la Hacienda San Isidro, se les asignó un valor catastral que promedia entre los 1.35 dólares y 0.03 centavos el metro cuadrado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario