Álvaro González Clare - Los medios de información pública en general y particularmente los noticieros matutinos televisivos y escritos han optado por denunciar, acusar y juzgar como fiscales de oficio en el sistema de justicia, alegando que las autoridades no están cumpliendo con sus obligaciones pertinentes y no existe una verdadera división de poderes.
Basados en apreciaciones subjetivas, se desubican en la condición de comunicadores sociales y se convierten en una especie de corporación de justicia mediática, en la que la opinión pública queda supeditada a los intereses y criterios particulares de los dueños de los medios.
Los ciudadanos estamos perdiendo el camino al derecho que tenemos de informarnos con noticias imparciales, veraces y precisas, sin apreciaciones subjetivas, políticas o de intereses creados. Este camino genera en la sociedad una distorsión en el juicio para decidir y elegir a los que nos gobiernen, a juzgar sus actuaciones durante el ejercicio de sus funciones. Impide evaluar la realidad del país en los eventos locales y nacionales, sin la manipulación que se le antoje a los medios de comunicación.
Hay un evidente contraste de aprecio internacional que se tiene por la República de Panamá, indicado en las calificaciones de riesgo, la preferencia de los inversionistas extranjeros, el aumento del turismo, reconocimiento de la reducción de pobreza y afluencia de nuevos residentes extranjeros que vienen a vivir y trabajar; y localmente por la discrepancia que revelan las encuestas de opinión.
Los medios de mayor circulación y recepción tienen una agenda privada con la evidente estrategia, sin reparo ni vergüenza, de disimular sus propósitos, desesperados porque reconocen el eminente fracaso político de los partidos de sus preferencias y conveniencias. Saben que la actual administración logrará terminar sus planes de gobierno, concretar sus obras de infraestructura y cumplir las promesas de campaña. El candidato del partido gobernante podría ser elegido por abrumadora mayoría de votos. El propósito es boicotear esta realidad.
En el programa televisivo Decisión 2014 pudimos apreciar una serie de investigaciones a las infraestructuras que ha construido la administración de Ricardo Martinelli, y que sustentan su plataforma política para la opción de que el partido sea reelegido y pueda continuarlas. El programa especial presentado junto al noticiero diario para captar la mayor hora de recepción, se dedicó a generar la duda sobre la necesidad de las construcciones, la supuesta corrupción de los sobreprecios, la falta de planificación, en general, de los proyectos y la eminente crisis energética. Todos los entrevistados eran de la oposición y se prestaron para que el canal editara sus declaraciones a conveniencia, y lograra las respuestas que condujeran a descalificar la gestión del gobierno.
La tendencia mediática es solo hablar de lo malo, porque lo bueno ya lo debemos conocer. Realidad ingrata y desconsiderada con la ciudadanía a quienes se deben en esencia, en vez de eso, viven reclamando la cacareada “libertad de expresión”.
En el programa dominical El Radar, una reputada periodista que dirige el panel aseveró que no existe coincidencia entre la realidad mediática y la percepción de los ciudadanos, porque los niveles de aprobación de la gestión de gobierno no van acorde con la supuesta falta de transparencia y corrupción que denuncian. Presume que el pueblo está ciego y no se da cuenta de la falta de división de poderes, los sobreprecios en las obras de infraestructura, la quiebra de la institucionalidad, entre otras tantas evidencias divulgadas. Otra periodista invitada llegó a aseverar “que todo el problema en esta discrepancia se debe a la falta de cultura popular”.
Las campañas en contra del gobierno crean situaciones que dañan la imagen internacional de Panamá, subliman a los estudiantes pandilleros, elogian a políticos que tienen un historial delictivo agravado, ponderan a los médicos y profesores que utilizan los gremios con fines políticos, dan espacio y cámara a los “criticones profesionales” que escarban entre toda la basura social y política para ser protagónicos permanentes. Pero lo peor es el morbo con el que destruyen la moral nacional, cuyas denuncias y juicios mediáticos descalifican y deshonran a los ciudadanos, políticos y funcionarios probos y comprometidos en aportar al bienestar social. El caso más reciente y patético fue la fotodenuncia contra la directora del Instituto Nacional de Cultura.
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