Tras conocerse que Benardo Jiménez Carrera, hijo de la cacica general de la comarca Ngäbe Buglé, Silvia Carrera, compró al contado un vehículo “pick-up” modelo Hilux valorado en 25 mil 995 dólares surgieron las explicaciones sobre el origen de la compra.
Fue en la cuenta de Twitter que el pasado 15 de diciembre el empresario Ithiel Roberto Eisenmann, quien enfrenta un proceso por supuesta evasión de impuestos y falsificación de documentos públicos, aceptó que se trató de un aporte por 29 mil dólares que hizo a la dirigente indígena bajo la figura de “donación social anual” que realiza su familia.
Eisenmann, quien también es presidente fundador del diario La Prensa, utilizó varios conceptos tratando de justificar la donación, entre ellos el liderazgo que impone Carrera en la comarca, y hasta dejó entrever que podría ser una "candidata verdaderamente independiente".
El empresario remarcó que tras un recorrido por la comarca, y percatarse del trayecto que realiza la cacica a pie, en su labor social este año la donación familiar incluyó un vehículo 4x4 ver recuadro.
Con la aclaración surgió una serie de cuestionamientos por parte de dirigentes políticos y de agrupaciones sociales que consideran "sospechoso" este tipo de ofrecimiento. Incluso en su propia cuenta de Twitter hubo comentarios que dejaron entrever la posibilidad de una posible evasión de impuestos a través de las donaciones.
Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), en declaraciones dadas a [B]TVN[/B]objetó la donación al señalar que "no es casual que ahora se diga que se entregó un carro de 25 mil dólares a una dirigente indígena".
Méndez mostró incertidumbre sobre las intenciones reales de este tipo de donativo. “No es casual que ahora venga un dueño de comunicación de mucha plata y diga eso”, agregó Méndez refiriéndose a la entrega del auto a la cacica y cuyo registro aparece a nombre de Benardo Jiménez.
Panamá América intentó despejar estas dudas con el empresario, pero a através de su asistente en las Empresas Eisenmann se informó que “las explicaciones se darían únicamente al director de este medio” y no al periodista que trabajó la nota.
El diputado opositor Yasir Purcait se sumó a las opiniones que "dudan" de las razones reales de la compra del vehículo. "Si analizamos a fondo ambos aspectos sobre los niveles de necesidades que hay en la comarca, sería excelente excusa hacer este tipo de donaciones", expresó Purcait.
“Pero si vemos la parte de la lucha de enfrentamientos y exigencias por las necesidades que tienen los indígenas me parece que la excusa del carro para desacreditar al grupo también es válida”, concluyó el diputado.
En ese sentido, el panameñista Jorge Gamboa Arosemena también habló del caso: "Indudablemente que el dinero bien habido cada quien puede hacer con él lo que le plazca, y en una comunidad altamente marginada como los indígenas, en hora buena los capitalistas echaron la mirada a la comarca para ver si con ese vehículo se puede ayudar a desarrollar estos pueblos”, señaló.
La suspicacia que levanta este tipo de ofrecimiento fue motivo de una denuncia penal que el pasado 12 de diciembre presentó David García en el Ministerio Público.
La denuncia es contra los que resulten responsables de la comisión de supuestos delitos contra la seguridad interna del Estado, la seguridad colectiva y por asociación ilícita para delinquir.
“Al principio de este año se dieron actos violentos en la comarca ngäbe, motivados por sus dirigentes que causaron hechos punibles contra la seguridad pública. Se comentó en los medios de comunicación que el movimiento estaba siendo financiado por grupos económicos contrarios al Gobierno, molestos porque fueron obligados a pagar impuestos”, señaló García.
Entretanto, la dirigente indígena dijo en días pasados que tiene derecho a un carro. Sin embargo, ayer guardó silencio sobre las revelaciones de Eisenmann.
Nuevas amenazas
- Próximo a cumplirse un año del acuerdo de San Lorenzo en la provincia de Chiriquí, que puso fin a los enfrentamientos y cierre de calles por la derogación de la Ley 8, la cual había reformado el Código Minero, la dirigencia indígena hizo un llamado al Gobierno y a la Iglesia para que se cumpla con el acuerdo en el que se incluye la paralización de extracción de mina en Barro Blanco.
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