La Asociación por el Derecho y Desarrollo Social Ngäbe, que agrupa a unos cinco mil indígenas en la comarca, expresó su pesar y vergüenza por la donación “sospechosa” de un vehículo que hizo el empresario Ithiel Roberto Eisenmann a la cacica Silvia Carrera.
“Lamentablemente nuestros dirigentes una vez más y siguiendo con el patrón de conducta desde la creación de la comarca Ngäbe-Buglé, son comprados, manipulados y utilizados a conveniencia de las fuerzas políticas y comerciales, a cambio de un salario mensual, viáticos y hasta donaciones de camionetas 4x4”, señaló ayer un comunicado de prensa que emitió la asociación y que fue firmado por su presidenta, Adriana Sandoya.
Desde que Eisenmann, quien enfrenta un proceso por supuesta evasión fiscal y falsificación de documentos públicos, aceptó que le giró 29 mil dólares al hijo de la cacica para que comprara un carro, la dirigente indígena ha guardado silencio.
Héctor López, vocero de la agrupación, hizo duras críticas a la posición adoptada por la cacica al aceptar este tipo de donación. “Lamento tener líderes que reciben prebendas mientras que su gente vive en la pobreza más absoluta, una pobreza que a nuestro pensar es inaceptable, considerando la economía y realidad de Panamá”, recalcó.
El dirigente indígena denunció que las autoridades tradicionales siguen llenándose los bolsillos en nombre de un pueblo marginado e ignorado, cuya población es de 160 mil habitantes.
El caso de la donación de Eisenmann ya fue denunciado en el Ministerio Público, por el posible delito contra la seguridad del Estado.
La Asociación por el Derecho y Desarrollo Social Ngäbe también se refirió ayer a las pasadas manifestaciones que realizó la Coordinadora por la Defensa de los Derechos y Recursos del Pueblo Ngäbe-Buglé, en contra de los proyectos de Petaquilla y Minera Panamá.
Denunció que todo el movimiento se trató de un interés particular de la cacica para “ganar protagonismo político”, utilizando a una parte del pueblo que creyó en Carrera.
La agrupación está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia resuelva un recurso de nulidad contra la Ley 11, que prohibe la minería y protege los recursos hídricos y naturales en esta región.
López fundamenta la petición en que el acuerdo entre la cacica general ngäbe y el Gobierno, sobre la Ley 11, no representa a la mayoría de la población ni fue consultado con los gobiernos locales. Consideró además que el acuerdo es inconstitucional “porque solo prohibe la explotación de los recursos hídricos dentro de la comarca.
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