martes, 20 de noviembre de 2012

Fiscalía formula cargos a Balbina Herrera


Por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad 



La Fiscalía Séptima de Circuito acogió una orden del Juzgado Undécimo Penal, formuló cargos y ordenó indagar a la dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera y al empresario italiano Mauro Velocci, acusados por la divulgación, a través de Telemetro y TVN, de correos electrónicos que contienen conversaciones entre el presidente, Ricardo Martinelli, y el también italiano Valter Lavítola.

Herrera y Velocci, este último representante en Panamá del consorcio italiano Svemark, son acusados por delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. Herrera debe rendir declaración indagatoria hoy a las 9:00 a.m.

Herrera confirmó que ayer recibió la citación y dijo que acudirá a la diligencia.

La denuncia en su contra fue presentada el 5 de diciembre de 2011 por la asesora legal de la Presidencia, Ana Belfon, luego de que mostrara los correos en los que supuestamente Martinelli y Lavítola hablan del pago de sobornos a funcionarios panameños dentro de la negociación fallida para la construcción de cárceles modulares en el país.

Herrera será indagada hoy

La Fiscalía Séptima de Circuito citó para hoy, a las 9:00 a.m., a la dirigente del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera para que rinda declaración indagatoria tras ser acusada, junto con el empresario italiano Mauro Velocci, por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

Herrera y Velocci fueron querellados por difundir en los medios de comunicación correos electrónicos del presidente, Ricardo Martinelli, relacionados con el supuesto cobro de coimas por parte de funcionarios panameños en la negociación fallida para la construcción de cárceles modulares.


FALLO DEL JUEZ

Alexis Ballesteros, juez undécimo suplente, ordenó la ampliación del sumario en siete puntos.

Pidió que se investigara si los imputados habían incurrido en delitos contra la personalidad interna del Estado, tal como lo manifestó Rosendo Rivera, abogado querellante en representación de Martinelli, debido a que toda la información que guarda relación con el Presidente es de acceso restringido.

Además, solicitó que se le tome declaración indagatoria a los acusados y que se aporten al expediente pruebas testimoniales, documentales o cualquier otra diligencia, con la finalidad de aportar elementos probatorios al proceso.

También ordenó que se incorporen las cédulas de identidad y los antecedentes penales de los acusados. “Resulta oportuno enviar el sumario en ampliación, sin que ello implique un acto desmesurado, arbitrario, abusivo o que este tribunal resulte parcializado”, dijo.



En la resolución de la Fiscalía Séptima de Circuito, a cargo de José Osorio, se explica que existen elementos que establecen la comisión del delito, debido a que Herrera, al hacer entrega de los correos electrónicos, admitió que Velocci la citó en un restaurante y se los dio.

La resolución detalla que Herrera tenía pleno conocimiento de que los correos se referían a conversaciones entre Valter Lavítola y Martinelli, sin que aparezca alguna dirección de Velocci.

Osorio agregó que al analizar las copias de los correos electrónicos “se aprecian situaciones delictivas, puesto que se vulneró la intimidad del querellante, toda vez que existió intromisión ilícita de terceros al divulgar comunicaciones no dirigidas a ellos”.

Herrera mostró los correos del Presidente los días 5 y 6 de diciembre de 2011 en los noticieros de Canal 13 y TVN, respectivamente, e indicó que no era correspondencia privada, que no se le había hackeado la computadora a Martinelli y que los documentos fueron suministrados a otras personas.



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