Delincuentes vandalizando comercios y arrastrando cuanto electrodoméstico pudieran cargar al hombro fue el escenario que predominó ayer en la Plaza 5 de Mayo y sectores aledaños.
Gente huyendo de las piedras y bombas lacrimógenas acompañaron el cuadro, mientras miles de usuarios del transporte público quedaron varados en las paradas debido a los hechos violentos protagonizados por encapuchados del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).
Los acontecimientos provocaron que la Fiscalía Auxiliar de la República abriera una investigación de oficio por lo ocurrido en los diferentes lugares.
Este proceso se da por la supuesta comisión del delito de lesiones personales en perjuicio de un sujeto desconocido y se hará un sumario de averiguación por los supuestos hechos delictivos en contra de la propiedad privada y del Estado.
Mientras, en las fiscalías 1, 2, 4, 6, 13 y 15 de circuito también se abrieron expedientes por los daños ocasionados a edificios de la Procuraduría de la Administración, la Gobernación de Panamá, la sucursal del Banco Nacional de Panamá, Tribunal Electoral, Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
También se informó que en la Personería Primera de Colón se adelanta la investigación de los tres homicidios registrados en la provincia y se realizan las diligencias iniciales para luego remitir los resultados a la fiscalía competente.
Ayer, cuando apenas se iniciaba el día, miles de panameños que intentaban llegar a sus puestos de trabajo se enfrentaron a los cierres de vía y manifestaciones que más tarde se desplazaron a la Asamblea Nacional. La Policía Nacional logró la detención de 224 personas, según el último reporte de la institución.
En el lugar, encapuchados lanzaron botellas, piedras y objetos contundentes contra los agentes antidisturbios que custodiaban ese Órgano del Estado. De inmediato el caos se apoderó del lugar con saqueos de comercios y asaltos a transeúntes. La agresión alcanzó a periodistas que daban cobertura al hecho.
Al concluir el día, Gabriel Diez, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), resumía lo sucedido en dos palabras: "horroroso y funesto", que en plena democracia ocurran situaciones como estas "nos hacen recordar experiencias vividas".
Las pérdidas económicas aún están por cuantificar, pero Diez las calcula en "miles de millones de dólares". El empresario fundamenta la anterior en que decenas de comercios se vieron obligados a cerrar sus puertas en áreas como la Plaza 5 de Mayo, Calidonia, Vía España y Santa Ana, donde se dieron los enfrentamientos. "Al final, (la presencia policial) no fue garantía de nada porque igual hubo saqueos", expresó.
Conforme transcurrían las horas, crecía el repudio de la población y el temor generalizado de quienes intentaban llegar a sus puestos de trabajo o retornar a sus casas, dificultado esto por la escasez de transporte. Con el tráfico complicado, la empresa Mi Bus suspendió el servicio por varias horas, lo que provocó que miles de personas se quedaran en las calles sin forma de movilizarse. En la ciudad eran pocos los buses "diablos rojos" que ofrecían el servicio.
Nicolás Brea, secretario general de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), respondió que se trató de una decisión “involuntaria y de fuerza mayor”. “Era muy peligroso que ellos (Mi Bus) sacaran los buses. Los manifestantes los iban a dañar”, explicó.
Mientras Brea justificaba lo ocurrido, la empresa informó que "se trabajó de manera permanente para brindar -a los usuarios- el servicio de transporte".
Por seguridad, en la Universidad de Panamá se suspendieron para hoy las labores académicas y administrativas de pre y posgrado en el campus central y sus centros en Tocumen, San Miguelito y Colón.
La atención volteada sobre el centro de la ciudad fue aprovechada por 52 reclusas del Centro de Rehabilitación Femenino que intentaron fugarse, pero a quienes minutos después la Policía Nacional logró recapturar. En Colón, las cosas no eran distintas. Barricadas y cierres de calles prevalecieron durante todo el día, paralizando las actividades en la provincia.
Tras los actos de vandalismo y saqueo registrados en Calidonia, La Peatonal y 5 de Mayo, unidades de la Policía Nacional y personal de la corregiduría de Santa Ana, efectuaron allanamientos en varios puntos de ese corregimiento.
La acción policial se logró la recuperación de algunos electrodomésticos y utensilios sustraídos por delincuentes.
Durante los hechos violentos se vieron afectados almacenes, minisúperes, joyerías, hoteles y otros locales. Incluso vehículos y bienes del Estado fueron destrozados.
Muchos vendedores y dueños de los locales comerciales presenciaron como sus negocios eran destruidos en minutos.
Los vándalos durante su actuar intentaron saquear el Súper 99 de Calidonia, pero la policía ya para entonces había tomado el control de las calles.
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