En una alianza con los diversos sectores del poder económico surgidos durante la dictadura, la oposición, los elementos de extrema izquierda y la llamada sociedad civil, organizaron y ejecutaron un bien coordinado plan para asestar un duro golpe político al gobierno nacional.
Han participado en esta nefasta conspiración la Concertación Nacional para el Desarrollo, la Cámara de Comercio de Colón, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, Fedecámaras, el tenebroso PRD, los varelistas, APEDE, Suntracs, la Alianza Ciudadana Pro Justicia, el Movimiento de Renovación Universitaria, el Partido Popular y el Colegio Nacional de Abogados.
Bajo el título “Grupos que piden derogar la Ley 72 de 2012”, el diario La Prensa, uno de los medios de comunicación adversos al gobierno, publica de manera desafiante quiénes son los que se esconden detrás de los frentes desestabilizadores, responsables de las muertes, los heridos y las pérdidas económicas.
El país contempla la manera en que las ambiciones de los agentes del poder económico, creado a la sombra de la dictadura, pretenden destruir los logros del gobierno nacional, para favorecer a una clase política cuyo único propósito es recuperar el poder e incrementar sus fortunas.
Nadie duda que los acontecimientos que han llenado de luto a Colón, una provincia olvidada por los políticos de siempre, fueron planificados, no para derogar una ley sino para crear un ambiente de enfrentamiento que propiciara el derrocamiento del presidente Ricardo Martinelli.
Estos movimientos comenzaron en Changuinola y San Félix y ahora continúan en Colón, donde se ha desatado la violencia que pretenden expandir para concretar su plan de anular el orden constitucional y forzar la salida del mandatario.
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