Historia de Panamá: VAN DAM EL PUENTE FANTASMA

En uno de sus encuentros con el entonces presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, a fines de los 70, el general Omar Torrijos Herrera le solicitó apoyo para construir un nuevo puente sobre el Canal de Panamá, tomando en cuenta que el viejo puente de las Américas ya no llenaba las expectativas de tránsito entre la ciudad de Panamá y el resto del país. 

Pérez accedió y gestionó la ayuda a través de FIVEN (Fondo e Inversiones de Venezuela), una especie de COFINA, sólo que con un radio de acción más amplio. La ayuda se pactó en 1980, por un monto de 100 millones de dólares, pero con la condición de que la fabricante del nuevo puente sería una empresa venezolana y la constructora, una panameña.

El entonces presidente Aristides Royo dijo que la obra sería sometida a licitación internacional, pero ello fue desmentido por la Gaceta Oficial que promulgó el contrato. La misma fue adjudicada a la empresa venezolana Industrias Metalúrgicas Van Dam, que fabricaría las estructuras, en tanto que las obras estarían a cargo de la compañía Sosa & Barbero Constructores. El contrato también incluyó otras cláusulas que beneficiaban a los amigos del régimen. Por ejemplo, las tareas de inspección serían realizadas por la Constructora Lakas, S.A.

Lo único que fue sometido a licitación internacional fue el diseño del puente, que fue ganada por una firma inglesa –Cleveland Bridge Engineering–, que hasta la fecha sigue reclamando el pago de su trabajo.

En 1981, el Gobierno de Caracas inició el desembolso de los dineros con lo que se dio inicio al alquiler de equipo, movimiento de tierras (Arraiján-Cocolí), construcción de las torres principales, encofrado para pilotes, parte del tablero de la luz del puente y otros trabajos no facturados, valorados en varios millones de dólares, incluyendo la inspección, a pesar de que el puente no había sido terminado.

Pero entonces desapareció el “hombre fuerte” de Panamá, el general Torrijos, el 31 de julio de 1981. Poco después, el presidente Royo fue “renunciado” (hecho que fue conocido como ‘el gargantazo’) y fue reemplazado por su segundo, Ricardo De La Espriella.

En virtud de los desmanes en la administración de las obras del puente –que hizo eco en Caracas–, los trabajos comenzaron a atrasarse. Fue entonces que De La Espriella, aduciendo que la economía nacional no atravesaba su mejor momento, ordenó suspender las obras.

A la sazón, Panamá también construía la hidroeléctrica La Fortuna, cuyo costo –100 millones de dólares– también tenía acogotado al Estado. 

Según el encargado de las obras del puente, el entonces director de Proyectos, Rogelio Dumanoir, esta fue la principal razón de la suspensión. Sin embargo, Dumanoir no alude las continuas acusaciones de corrupción en la administración que se hicieron en esos tiempos acerca del dinero.

El escándalo fue mayúsculo. Las estructuras del puente aún reposan en Puerto Ordaz y La Victoria, en Venezuela. En Panamá y Caracas, el Consorcio Van Dam-Sosa & Barbero no se cansó de exigir una indemnización por los daños percibidos que, inicialmente, ascendían a 24.5 millones de dólares, pero que ellos calculaban en 65 millones, incluyendo los quince millones de dólares de la consultora inglesa creadora del diseño del malogrado puente “Simón Bolívar”.

Pese a que Sosa & Barbero fue la beneficiaria de la dictadura, nunca logró ser resarcida por los daños y perjuicios sufridos en ese período. Sus directivos debieron esperar el retorno de la democracia, y no fue sino hasta el 20 de mayo de 1999, cuando un Tribunal de Arbitraje, al que fue sometido el conflicto, resolvió condenar al Estado panameño a pagar únicamente 20 millones de dólares al Consorcio Van Dam-Sosa & Barbero.

Es importante señalar que, aunque la Corte Suprema de Justicia, en uno de sus ya históricos fallos, determinó la nulidad del contrato de construcción del segundo puente, las demandas legales siguieron su curso. Incluso, en 1995, la misma Corte exoneró de responsabilidad al ex presidente Ernesto Pérez Balladares, en aquel entonces ministro de Hacienda y Tesoro, mientras que Aristides Royo y su vicepresidente Ricardo De La Espriella, tras ser investigados, no fueron inculpados.

Información La Prensa