Desde antes de asumir como presidente de la República, Juan Carlos Varela puso en marcha el denominado Plan Varela, con el que busca controlar todos los órganos del Estado e instituciones autónomas, con el fin de acabar con todo aquel que se oponga a su gobierno.
El manejo que se le ha dado al caso de los exsecretarios del Consejo de Seguridad Alejandro Garuz y Gustavo Pérez deja en evidencia el tinte político que le imprimió el Ejecutivo, el cual quedó al descubierto luego de conocer la designación de Kenia Porcell al frente de la Procuraduría General de la Nación, quien ejerció por seis meses como funcionaria del Consejo de Seguridad.
Ayer, las autoridades judiciales les impusieron medidas cautelares a Garuz y Pérez, pese a que la única evidencia con que cuentan en su contra es un testigo protegido.
La información fue dada a conocer por los abogados defensores de ambos exfuncionarios al concluir las indagatorias de estos en el despacho del fiscal auxiliar Marcelino Rodríguez.
Cristóbal Arboleda, abogado de Garuz, reveló que la Fiscalía cuenta como evidencia con el testimonio de un testigo protegido.
Arboleda desvirtuó este testimonio al calificarlo como “un testigo de oídas, es decir, es una persona que declara que a él le dijeron”, agregó, al referirse a la supuesta existencia de una máquina para realizar escuchas telefónicas y que, según las autoridades, está desaparecida.
Arboleda asegura que ese testigo protegido no tiene ningún valor probatorio.
La existencia de este testigo protegido podría ser la pieza que hace falta para armar el rompecabezas sobre la supuesta desaparición del sargento de la Policía Nacional Ismael Pitty.
Alejandro Pérez, viceministro en la administración de la presidenta Mireya Moscoso y quien en el mes de agosto denunció la desaparición del sargento Pitty, cree saber que es esta unidad policial el testigo protegido al que hace alusión la Fiscalía Auxiliar para mantener tras las rejas a los exfuncionarios de la administración Martinelli.
Pérez, en el mes de agosto, denunció que Pitty estaba siendo objeto de torturas en una casa ubicada en el sector de Amador, lugar en donde funciona el Consejo de Seguridad.
El propósito, aseguró Pérez, es que declarara en contra de altos funcionarios del gobierno de Ricardo Martinelli.
Tras la denuncia de Pérez en ese momento, el director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, negó esas acusaciones y dijo que se comunicó de inmediato con la unidad y que se iba a presentar al despacho de la procuradora en ese entonces, Ana Belfon.
El sargento Pitty no se presentó, según los registros de visitas en el Ministerio Público, por esa razón, en su lugar Alejandro Pérez siguió interponiendo recursos en la Defensoría del Pueblo y en la Corte Suprema de Justicia para que se revelara el paradero de esta unidad de la Policía Nacional.
“Estoy seguro de que este sargento es el testigo protegido”, indicó Pérez en una entrevista con Next Noticias.
De acuerdo con Pérez, desde el mes de agosto venía advirtiendo que esta unidad policial era víctima de secuestro y tortura.
Agregó que había dos comisionados de la Policía Nacional que los estaban presionando para que también declararan, pero como no lo hicieron, fueron destituidos y perdieron el derecho a la jubilación.
Uno de ellos es una unidad que, reveló Pérez, es conocida con el nombre de inteligencia de Fred. Esta unidad, dijo el jurista, falleció de un infarto debido a la presión psicológica de la que fue objeto.
La declaración de Pérez deja al descubierto los motivos de una resolución que fue publicada el 11 de agosto de 2014 en la Gaceta Oficial y que lleva la firma del presidente de la República, Juan Carlos Varela, y del ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, en la que se ordena dejar sin efecto la jubilación anticipada del subcomisionado Rony Rodríguez. Posteriormente, este oficial fue destituido.
Para el jurista, el motivo era un mecanismo de presión para que declarara en contra del expresidente Ricardo Martinelli, pero como no lo hizo, lo destituyeron y dejaron sin el derecho a la pensión especial que recibe todo uniformado cuando se acoge a su merecido retiro.
El ‘Plan Varela’
El mismo se empezó a ejecutar desde el día uno, cuando les pidió públicamente a través de TVN Canal 2, propiedad de su principal donante, Stanley Motta, la renuncia a los entonces magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, magistrado Alejandro Moncada Luna, procuradora Ana Belfon y fiscal electoral Eduardo Peñaloza.
Ya en el poder, Varela mostró su control sobre el Tribunal Electoral (TE), en el que los magistrados, en evidente acuerdo con el mandatario, admitieron todas las impugnaciones contra diputados del opositor Cambio Democrático (CD), y más tarde decidieron convocar a nuevas elecciones para favorecer a los candidatos del oficialismo, a tal nivel que el Partido Panameñista logró cuatro nuevas curules. En medio de las críticas, Varela reeligió en el cargo al magistrado Eduardo Valdés Escoffery, lo que fue catalogado como un pago de favores por el manejo de las impugnaciones. La esposa de Valdés Escoferry fue nombrada como miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. Además, la esposa del hijo del magistrado Erasmo Pinilla fue nombrada como cónsul en Tampa, Florida.
El mandatario panameño, en sus designaciones, ha mostrado su interés en lograr el control total de las entidades del Estado, imponiendo al contralor, Federico Humbert, a la procuradora general de la nación, Kenia Porcell, y el fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez. Una de las últimas designaciones, la cual hizo por intermedio del control que ejerce sobre la Corte, es la del excandidato a diputado por el Partido Panameñista Alberto Cigarruista como magistrado del Tribunal de Cuentas.
Con el Plan Varela, con el cual se busca acabar con todos los dirigentes de CD, que es el único colectivo que está en oposición, teniendo en cuenta que el Partido Revolucionario Democrático (PRD) tiene un pacto de gobernabilidad, ha llegado hasta el punto de que ayer la fiscal segunda Anticorrupción, Lizzeth Chevalier, supuestamente solicitó a la Corte que se investigue al expresidente Ricardo Martinelli.
En una presunta nota, sin firma y que no ha sido recibida en la Corte, la fiscal compulsa el expediente en el que investiga al exdirector del Programa de Ayuda Nacional, Giacomo Tamburrelli, para que inicie un proceso contra el exmandatario.
También el contralor, que responde a Varela, ha creado la Dirección de Investigación Forense, que es un ente que busca involucrar a exfuncionarios de la administración de Ricardo Martinelli en supuestos actos de corrupción.
Investigaciones fabricadas bajo las presiones contra un testigo protegido
El abogado Alejandro Pérez cuestionó el hecho de que el testigo protegido que están usando contra Alejandro Garuz y Gustavo Pérez sea un sargento de la PN.
- 6 meses lleva el gobierno de Juan Carlos Varela en el poder.
Frase
- Puedo asegurarles que en Panamá no se respeta el debido proceso; decretan detención antes de indagatoria, cuando la ley no lo permite. Ricardo Martinelli - Presidente de Cambio Democrático.
